En defensa de lo justo

Por J. Víctor Arias Montes

La historia de México, en los últimos periodos presidenciales, muestra distintos acontecimientos que nos llevan obligadamente a manifestarnos para que, primero, se investiguen y aclaren éstos y después, si es el caso, se inicien los procedimientos legales para llamar a cuentas a los responsables materiales e intelectuales de tales sucesos.

En verdad, es altamente positivo que se promueva la participación ciudadana para que ella manifieste su determinación sobre aquello que considere que debe esclarecerse: espionaje, corrupción, represión, guerra sucia y todo lo que la ciudadanía considere que los funcionarios públicos hicieron mal, causando daño al país y a sus ciudadanos.

Desde luego hay, como ya se han expresado, quienes no están de acuerdo en que por medio de las consultas ciudadanas se ejerza una participación directa; seguramente se manifestarán en contra y seguramente también tratarán de enlodar este noble procedimiento y harán todo lo posible para boicotear su realización. Temen que el pueblo continúe elevando su nivel de conciencia y que, por ningún motivo, se organice colectiva y solidariamente. Quisieran que se guardara silencio y se olvidara, como si todos esos sucesos no hubieran acontecido.

Pero aquí estamos, prestos a exigir nuestro derecho para esclarecer, en nuestro ámbito: la creación de infinidad de organizaciones para vender tierras donde se construyeron miles y miles de viviendas mal planeadas y que hoy están abandonadas producto de esa perversa corrupción; de otras tantas miles de escuelas y hospitales que están en pésimas o nulas condiciones de habitabilidad y servicio; de obras de infraestructura y transporte con pésimo funcionamiento… Es decir, un sistema, con un Estado cimentado en infinidad de relaciones de corrupción que fomentó, para sus promotores y defensores un enriquecimiento desmedido mientras que a la gran mayoría de la población la obligó a empobrecerse extensivamente.

Lo mismo podríamos demandar para los asesinatos políticos y los secuestros y desapariciones, por los fraudes electorales, por lo intentos de privatizar la educación pública en todos sus niveles, por el sindicalismo charro, por la prensa comprada, por vender nuestro subsuelo, por olvidar y engañar a las poblaciones originarias, por la invención de argucias legales para investigar a los gobiernos prianistas… en fin, por todo lo que hicieron para impedir un desarrollo social democrático.

Por todo ello, defendemos lo justo y decimos sí a la consulta el 1° de agosto.

¡Ahí estaremos!

[Fotografías: JVAM]